La Justicia determinó que el vacunatorio VIP no implicó ningún delito y archivó una parte de la causa. La jueza María Eugenia Capuchetti consideró que “no existe un tipo penal” que permita investigar a un funcionario por otorgar “tratos especiales”. El hecho se remonta a febrero del 2021, cuando cientos de familiares y amigos del poder fueron inoculados con la Sputnik V de manera irregular, sin que su turno estuviera sometido al azar y antes que los grupos de riesgo que debían ser vacunados primero, de acuerdo al plan oficial que el propio Gobierno diseñó para el resto de la población.

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Comentario editorial de Jonatan Viale en “Pan y circo”, por radio Rivadavia – 09/07/21